• organo judicial
    Elecciones Vitales
    Órgano judicial 2017

Independencia Judicial

Desde la reforma constitucional, fruto de la asamablea constituyente, Bolivia es el único país en el mundo donde las autoridades judiciales son elegidas por sufragio universal.

Lea las Denuncias

4 aspirantes fueron denunciados, según sistema de registro judicial

Según se constató en el Sistema Integrado de Registro Judicial, los postulantes presentan historial de denuncias en contra. Ellos dicen estar “limpios”.

Cuatro candidatos a altos cargos judiciales tienen antecedentes de denuncias que van desde prevaricato, pasando por resoluciones contrarias a la Constitución Política del Estado y hasta violencia, según el Sistema Integrado de Registro Judicial (SIRJ). Los aludidos sostuvieron que “están limpios” y que esas sindicaciones no les generan conflictos éticos, dado que los casos fueron rechazados o prescritos ante instancias judiciales.

Según datos del SIRJ, el candidato al Consejo de la Magistratura Gonzalo Alcón Aliaga fue denunciado por violencia doméstica en 2015 (código del registro NUREJ 201520292), incumplimiento de deberes en 2014-2016 (códigos del registro NUREJ 201460232 y 201619135), uso indebido de influencias en 2014 (código del registro NUREJ 201479967) y prevaricato en 2012 (código del registro NUREJ 201248798). Consultado si estas denuncias le generaban un conflicto ético, Alcón Aliaga respondió: “Me considero con toda la postura ética para ser candidato en este proceso”.

Alcón Aliaga, militar jubilado de 35 años de servicio cumplidos, fue comandante de la Armada boliviana. Sobre las denuncias en su contra, presentó documentación de descargo a Página Siete y sostuvo que en su condición de máximo representante de la Armada recaían sobre él -y de otras autoridades- los procesos judiciales interpuestos contra la institución militar (sucede aquello en tres de los cuatro casos). La documentación presentada por el postulante muestra que estos procesos fueron rechazados con resoluciones judiciales.

En el caso de Violencia Familiar, la esposa de Alcón presentó un formulario notarial, en el que explica que realizó esa denuncia el año 2015 “por desavenencias conyugales… promovido por información falsa, orientación profesional de su abogado e instigación de personas interesadas en destruir la relación conyugal que sobrepasan los 32 años, siendo tema de interés estrictamente privado”. Esta denuncia concluyó con un acuerdo conciliatorio entre ambas partes ante la Fiscalía del Distrito de La Paz.

El SIRJ también tiene el registro de denuncias por el caso consorcio de jueces y abogados (código del registro NUREJ 201612589), contra la candidata al Tribunal Supremo de Justicia, Nuria Gisela Gonzales Romero. La causa data del 26 de septiembre del 2016. El SIRJ registra también otras denuncias sobre la postulante como: resoluciones contrarias a la constitución de 2014 (con código del registro NUREJ 2014436547) e incumplimiento de deberes (2017), cuyo código de registro es NUREJ 3052544.

Esa instancia también registra un proceso disciplinario de julio de 2016, con código 301199201608228. El denunciante es el Encargado Distrital del Consejo de la Magistratura de Cochabamba, Silvano Colque Arancibia. Consultada sobre los cuatro casos, Gonzales Romero respondió: “Se generan denuncias que no tienen ningún fundamento… ha habido algunas denuncias que no han tenido ningún asidero, que han sido rechazadas. No tengo ningún antecedente penal porque tengo un file (archivo) sin antecedentes”.

En el caso del fallecimiento de la tía del presidente Evo Morales, Rufina Morales de Ayma, que murió el 2009, luego de que se le administrara un medicamento en una farmacia, los familiares del jefe de Estado se presentaron ante el Consejo de la Magistratura para exigir la destitución de la ahora candidata al mismo Consejo, Mirtha Gaby Meneses Gómez.

La exvocal de la sala penal tercera del Tribunal de Justicia de Cochabamba -según la denuncia documentada a la que accedió Página Siete- figura con un proceso disciplinario por la supuesta comisión de Faltas Gravísimas, Muy Graves y Graves, con código 301199201519091 .

La candidata fue acusada por retardación de justicia en relación a la reparación de daños exigidos por los familiares de la fallecida, ya que los acusados del crimen se negaron a esclarecer el paradero de los restos desmembrados de la víctima.

En el documento de denuncia formal ante el juez disciplinario de turno de la ciudad de Cochabamba, la abogada de los familiares del presidente Morales, María Bertha Ardauz Pérez, puso en conocimiento un récord histórico de denuncias contra la candidata Meneses Gómez. Las denuncias son por: incumplimiento de deberes (2012), código IANUS 2012 03100; prevaricato (en la que la parte querellante es la representación legal del Ministerio de Salud y Deportes) del año 2012, código IANUS 2012 20478; proceso disciplinario (2013), código IANUS 2013 07121; proceso disciplinario (2014), código IANUS 2014 17530; proceso disciplinario (2014), código IANUS 2014 36279; proceso disciplinario (2015), código IAUNUS 2015 17426; proceso disciplinario (2015), código IANUS 2015 17426.

Consultada sobre los ocho casos, Meneses dijo: “Son casos rechazados que prácticamente están extinguidos… para la postulación hemos presentado registros de antecedentes penales, de procesos disciplinarios y bajo el principio de presunción de inocencia, mientras no haya una sentencia ejecutoriada uno no tiene ningún antecedente y eso lo establece el REJAP (Registro Judicial de Antecedentes Penales)”.

La candidata al Tribunal Constitucional, Karem Lorena Gallardo Sejas, acompaña como denunciada, a la también candidata Nuria Gisela Gonzales Romero en dos denuncias: por resoluciones contrarias a la constitución (2014), código NUREJ 2014436547 e incumplimiento de deberes (2017), código NUREJ 3052544.

Gallardo Sejas también fue denunciada por retardación de justicia (2016) y prevaricato (2016), según el documento presentado por el señor Belisario Vargas Burgoa, en la ciudad de Cochabamba.

El proceso disciplinario presentado en su contra (2016), con código 301199201608116, fue rechazado por la Fiscalía Especializada en la Persecución de Delitos contra la Corrupción (Corporativa I). El abogado defensor de la denunciada fue el ahora también candidato al Tribunal Supremo de Justicia, Esteban Miranda Terán. Consultada sobre estos temas, la candidata decidió no hacer ninguna declaración al respecto.

Si bien los candidatos aludidos aseguraron no tener ningún proceso y que en muchos casos las denuncias en su contra fueron rechazadas o extintas, el SIRJ mantiene en su base de datos el récord histórico de los hechos. De acuerdo con el Representante Departamental del Consejo de la Magistratura, Williams Dávila, esto se debe a que “lo tenían que hacer (los candidatos) es solicitar el levantamiento de datos de los registros y para ello se exigen las resoluciones de rechazo, sobreseimiento o de una extinción de la acción”. Explicó que los registros de las denuncias dentro del sistema quedan como récord de antecedentes de denuncias.

Parentesco
Sobre la relación familiar, el artículo 9 del reglamento de preselección de candidatos al Órgano Judicial establece que los candidatos no deben tener parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad con el Presidente y Vicepresidente del Estado, Senadoras, Senadores, Diputadas y Diputados de la Asamblea Legislativa Plurinacional.

Este punto no hace referencia al caso de legisladores suplentes. Joyce Lizeth Choquerive Sossa candidata al Tribunal Supremo de Justicia tiene los mismos apellidos de Heinz Darwin Choquerive Sossa, diputado Suplente de la asambleísta Segundina Flores Solamayo, ambos del Movimiento Al Socialismo. Consultada al respecto, la candidata se limitó a decir que no haría ninguna declaración sobre temas de índole privado.

Sobre este caso, el diputado Víctor Borda, Presidente de la Comisión Mixta de Justicia Plural, dijo que “el diputado suplente no participa regularmente de las sesiones de la comisión y menos del plenario, simplemente ellos sesionan una semana al mes, el objetivo era la imparcialidad para que el mismo diputado no vote por su hermana, su prima, su pariente. Si este diputado ha sesionado en la Asamblea, podría generar evidentemente algún indicio de nulidad, pero si no ha sesionado y no ha intervenido ni en el proceso de preselección, pues obviamente no se le puede impedir ni inhibir, los diputados suplentes tienen un régimen especial”.

Borda: “Es difícil comprobar si un candidato no tiene ética”

El presidente de la Comisión Mixta de Justicia Plural y Diputado del Movimiento Al Socialismo, Víctor Borda, se refirió a las denuncias que pesan sobre algunos candidatos. Enfatizó que se solicitaron informes al Consejo de la Magistratura. “El Consejo informó que no existen procesos con imputación formal sobre los candidatos”, sostuvo.

Consultado sobre la idoneidad ética de los candidatos al órgano judicial, el diputado Borda, explicó que es “difícil comprobar si un candidato no tiene ética”. Respecto a las impugnaciones realizadas por la oposición, el legislador explicó que dentro del reglamento se espera que los candidatos tengan méritos y que por ello no se puede hacer a un lado a aquellos jueces, abogados o secretarios que desean ocupar los altos cargos judiciales. “La oposición presentó 200 impugnaciones, el 99.9% de esas tenían relación a que los candidatos eran funcionarios públicos”, acotó. Durante el proceso de preselección de los candidatos, las comisiones evaluadoras, revisaron las impugnaciones presentadas en contra de varios aspirantes.

El diputado Borda expresó que las elecciones judiciales del 3 de diciembre enfrentan el reto de cambiar a la justicia con el fin de que ésta sea totalmente independiente. “Esperemos que con estas nuevas autoridades en definitiva se pueda transformar y eliminar actos de corrupción”, aseveró. Borda hizo referencia a la existencia de consorcios de jueces, abogados y fiscales y cómo estos “redactan” sentencias en sus oficinas. “No existe un buen abogado sino un buen transador”, dijo.

En relación al caso del exfiscal Ricardo Condori, acusado de abusar sexualmente a su hija, y que en principio recibió medidas sustitutivas a la detención, lamentó que el juez primero Anticorrupción y Violencia Hacia la Mujer de El Alto, Ricardo Pinto, haya tomado esa decisión. “Este último caso de un fiscal que viola a su hija pero le dan medidas sustitutivas, qué estamos viendo en Bolivia”.

Williams Dávila: “Los candidatos deben ser creíbles en el ámbito ético”

Para el representante departamental del Consejo de la Magistratura, Williams Dávila, los candidatos que presentan registros de denuncias en su contra en el Sistema Integrado de Registro Judicial, deben solicitar baja de esos récords históricos si los mismos resultaron a favor de los acusados. Para solicitar esa medida se debe presentar documentación que demuestre el fallo a favor del solicitante, es decir resoluciones de rechazo, sobreseimiento o de una extinción de la acción.

El representante de la Magistratura también se refirió a las impugnaciones realizadas en contra de los candidatos durante el proceso de preselección. Explicó que varias de las objeciones se realizaron sin la presentación de la documentación pertinente, como por ejemplo fotocopias legalizadas. Las comisiones evaluadoras recibieron 200 impugnaciones de parte de la oposición, el Consejo de la Magistratura emitió informes sobre el estado jurídico de los candidatos y si estos tenían imputaciones formales, que los hacía susceptibles a la inhabilitación.

Williams Dávila también subrayó el desafío de estas elecciones judiciales y enfatizó que los candidatos al Órgano Judicial deben comprometerse a servir y a demostrar que en Bolivia se tendrá una nueva justicia. Si bien el tema de la valoración ética es considerada desde una perspectiva personal, Dávila explicó que ésta debe ser fundamental para el acceso a altos cargos públicos. “Los candidatos deben ser creíbles en el ámbito ético y moral”, sostuvo.

“Que una persona tenga denuncias por lesiones o violencia familiar ya no es creíble, así sea un tema particular”, puntualizó. Las acusaciones sobre algunos candidatos se sustentan en el principio de la presunción de inocencia.

La judiciales
Comicios El próximo 3 de diciembre se llevarán adelante las elecciones judiciales, en las que se elegirán a las altas autoridades del Órgano Judicial y del Tribunal Constitucional.
Cargos Se elegirán 52 magistrados: nueve para el Tribunal Constitucional, nueve para el Tribunal Supremo de Justicia; cinco para el Tribunal Agroambiental y tres para el Consejo de la Magistratura.
Habilitados 6.438.801 electores fueron habilitados para votar en las elecciones judiciales del próximo 3 de diciembre.




Esta investigación se realizó en el marco de la Iniciativa para el Periodismo de Investigación en las Américas, del International Center for Journalists (ICFJ), en alianza con CONNECTAS y la Fundación para el Periodismo (FPP).

Conozca a los 96 Postulantes.


Noticias del proceso eleccionario